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Campesinos y campesinas, victimas de la podredumbre judicial

Cientos de campesinos y campesinas han sido imputados y condenados para favorecer a terratenientes y empresas de gran poder económico

Desde hace semanas se han hecho públicos audios de conversaciones telefónicas entre miembros de órganos de justicia, políticos, abogados, fiscales y empresarios que dejaron al descubierto la forma perversa en que opera la justicia paraguaya. Durante años sectores del movimiento social han denunciado que el aparato de justicia se encuentra completamente corrompido y sólo responde a los intereses de las claques políticas.

La corrupción dentro del Poder Judicial era un secreto a voces, hoy esta situación ha quedado completamente al descubierto, sin embargo, en medio de la disputa entre grupos políticos por desmarcarse del asunto y de las denuncias en los medios de comunicación, se ha dejado de lado la mirada sobre las victimas del perverso sistema judicial.

Los grupos históricamente marginados, como son los y las campesinas, las trabajadoras y los habitantes de barrios de la periferia urbana han sido, y son, las víctimas más directas y reiteradas de este sistema, ya que los mismos, debido a la falta de recursos económicos, quedan en un estado de indefensión ante lo que comprobadamente se ha convertido en un monstruo grande y que pisa fuerte.

La criminalización de la lucha social.

El Poder Judicial ha sido una pieza clave en el proceso de criminalización que viven los sectores populares en nuestro país. El Estado, usando el Poder Judicial ha colocado en el plano jurídico los problemas sociales, de manera a deslegitimar las luchas por los derechos. Es así que cientos de dirigentes campesinos y campesinas han sido imputados y condenados en los últimos años por ejercer su derecho a la protesta, por reclamar tierras o por defender sus comunidades.

Para los dirigentes campesinos el proceso de criminalización y la corrupción de la Justicia van de la mano, “cualquier acción, ya sea oposición a la fumigación u ocupación de tierra, implica una intervención por parte del Estado, y éste utiliza las instituciones como la Policía, fiscalía y el Poder Judicial para frenar las acciones” señala Teodolina Villalba de la FNC dejando en claro el uso del sistema de justicia para frenar las luchas campesinas.

Como una muestra de esta realidad el libro “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” recoge que sólo durante los primeros años de gobierno de Horacio Cartes 460 campesinos y campesinas han sido imputados en casos relacionados a la lucha por la tierra o contra los agronegocios, en ese mismo marco 273 agricultores fueron detenidos/as, 87 personas torturadas y 39 dirigentes fueron condenados, en todos estos casos se encuentran involucrados agentes del Ministerio Público y el Poder Judicial, ambos organismos inficionados fuertemente por la corrupción, como ha quedado demostrado con los audios recientemente divulgados. Vale agregar que en la mayoría de los casos mencionados en la investigación los fiscales y jueces actuaron en beneficio de empresarios y terratenientes de gran poder económico.

Otro caso emblemático es la condena a los campesinos por la Masacre de Curuguaty, un juicio plagado de irregularidades, sin pruebas contra los condenados y con una investigación unidireccional, culminó con condenas de entre 4 y 35 años contra los labriegos y sin un solo responsable de las muertes campesinas condenado. Este caso salpica a Carmelo Caballero, Ministro del interior del gobierno de facto de Federico Franco, hoy involucrado en el escándalo de los audios por haber “arreglado” imputaciones en otras causas.

Cooptación de los órganos de justicia por parte de poderes fácticos

A decir del abogado e investigador Abel Areco, la filtración de los audios deja al descubierto el manejo perverso de la justicia por parte de grupos políticos y económicos muy poderosos, “con esto se ve como opera la justicia a favor del que tienen más poder y dinero. Cuando se trata de sectores campesinos y sociales el Ministerio Público y el Poder Judicial han aplicado abusivamente la ley a fin de frenar los reclamos de los mismos, esto se da siempre que los conflictos afectan a intereses de grupos de poder” señaló.

Según Areco, esta forma arbitraria en que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan contra los campesinos y campesinas en particular, y contra el movimiento social en general, es una muestra palpable de que estos órganos han sido cooptados por claques poderosas que manejan la justicia a su antojo y que son capaces de ordenar a fiscales y jueces imputaciones y condenas contra dirigentes campesinos y luchadores sociales.

Como quedó demostrado con la filtración de los audios, la justicia paraguaya ha actuado siempre en defensa de los intereses de quienes poseen recursos suficientes para pagar por ella, es así que durante años cientos y miles de campesinos y campesinas se han visto privados de sus derechos y hasta criminalizados por un Poder Judicial, al que no en balde acusan de corrupto y criminal.
Fuente: Base Is

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