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Comunicado de la AxC: Por Tierra, Justicia, Libertad y Reparación, Marina Kue sigue siendo deuda histórica

Marinakue, tierra pública ensangrentada por la masacre que enlutó al país el 15 de junio de 2012, es objeto de una ofensiva del Ejecutivo y Legislativo que pretenden declararla como reserva natural pública bajo el nombre de Reserva Yberá, promulgando para ello la ley 5.530.

Ante esta situación, declaramos que:

La familia Riquelme no puede donar lo que no es suyo. Es de conocimiento público que las tierras de Marinakue no son propiedad legítima ni legal de la empresa Campos Morombí S.A. (de la familia Riquelme). Declaraciones del Indert bajo el actual y el anterior gobierno, así como de dos anteriores presidentes de la República y a las que se suman las más recientes del Procurador General de la República y las de la Directora de Registros Públicos de la nación, además de expertos a nivel nacional e internacional, así lo ratifican: Marinakue es tierra pública, del Estado paraguayo, usurpada por el Grupo Riquelme.

El Parlamento no debe legitimar usurpaciones, pero lo hace. Extrañas operaciones judiciales han intentado que Marinakue sea adscripta a la empresa Campos Morombí, pese a haber sido donada al Estado, por la compañía que aún figura en los registros públicos como poseedora legal de esas tierras: la empresa La Industrial Paraguaya. Desde 1967, esas tierras son patrimonio del Estado paraguayo bajo la figura de donación. Campos Morombí ha intentado forzar la legalidad para inscribirlas a su nombre, sin éxito. La ley 5.530, promovida desde el Legislativo y efectivizada por el Ejecutivo son solo una maniobra más con ese propósito.

Hoy existen acciones judiciales promovidas por la Procuraduría General de la República y por el Indert para recuperar este inmueble, por lo que la ley 5530 contradice la situación legal real de la tierra, confrontándose con las acciones que, desde el Poder Ejecutivo, se realizan para reivindicar el inmueble en los estrados judiciales. El Parlamento hizo caso omiso de esos juicios y quiere hacer por ley lo que no se puede hacer por vía judicial: legitimar y legalizar la usurpación de esas tierras por parte de la empresa Campos Morombí, burlándose de la inteligencia de todos los paraguayos y las paraguayas, y de la comunidad internacional interesada en este tema.

La ley 5.530, que declara Marinakue como reserva natural, es el lavado de imagen de tierras malhabidas. La declaración de Marinakue como “área silvestre protegida bajo dominio público, con la categoría de reserva científica de estricta protección” (incluso con cambio de nombre), abre un camino para la legitimación de más de 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas, según los datos del informe de la Comisión Verdad y Justicia (2008). Tierras usurpadas por sujetos no aptos para la Reforma Agraria que con mecanismos espurios intentan institucionalizar constantemente el despojo de tierras públicas. Esto, sin considerar que la ley 5.530 implica una disminución inmensa de las tierras de Marinakue a beneficio de Campos Morombí: de más de 2.000 hectáreas, solo se declaran como reserva 1.748. De un documento a otro, Marinakue ha perdido, como mínimo, 252 hectáreas.

Por ello:

Llamamos al Senado a tomar en serio su función de velar por la institucionalidad en la vida de la república y a derogar la ley 5.530 que solo busca dar legalidad a una usurpación de tierras que aún es tema en los tribunales de justicia. Asimismo, llamamos a la Cámara de Diputados a reconsiderar y rectificar la funesta decisión tomada al dar curso a la iniciativa legal que declara las tierras públicas de Marinakue como reserva.

Volvemos a llamar al Indert y a la Procuraduría General de la República a que hagan su mayor empeño real, no solo en palabras, en los tribunales para la recuperación pronta de las tierras de Marinakue para el Estado, y exijan reparaciones a la empresa usurpadora por el daño hecho al país.

Llamamos a los Registros Públicos, SEAM, a la Procuraduría, y a todas las autoridades implicadas a no ser cómplices de la empresa Campos Morombí que se esfuerza por vincularlos a la legitimación de su apropiación de tierras públicas y a negarse a dar curso a la ley 5.530 ilegítima, inconstitucional y que no cuenta con el respaldo de la ciudadanía honesta de nuestro país.

Llamamos a la sociedad organizada de Paraguay, a la ciudadanía toda, a las organizaciones campesinas y urbanas, a los sectores con representación parlamentaria, a las personas y a las organizaciones nacionales e internacionales que han convertido a Marinakue en una causa nacional e internacional a hacer ver su posición mediante las acciones que crean convenientes, incluso acciones de inconstitucionalidad, respecto a esta maniobra artera, espuria e indigna, exigiendo la derogación inmediata de la ley 5.530, y demanden al Estado paraguayo la recuperación pronta de Marinakue para la Reforma Agraria.

Por Tierra, Justicia, Libertad y Reparación, Marina Kue sigue siendo deuda histórica

 Fuente: CONAMURI
conamuri@conamuri.org.py

 

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