/ Destacados / El fiscal más repudiado de Paraguay pugna por la Fiscalía General del Estado

El fiscal más repudiado de Paraguay pugna por la Fiscalía General del Estado

Esta semana expuso ante el Consejo de la Magistratura el abogado Jalil rachid, en medio de repudios por su actuación en el caso Curuguaty.

El fiscal con mayor rechazo dentro de la sociedad paraguaya por su desempeño en el caso Curuguaty, Jalil Rachid, es uno de los 103 candidatos a Fiscal General del Estado, cargo en pleno proceso de selección en el país.

Junto con él pelean por el puesto el mismo Fiscal General saliente, Javier Díaz Verón, los ex ministros del Interior y de Justicia de Horacio Cartes, Francisco De Vargas y Carla Bagicalupo, el diputado oficialista Óscar Tuma.

Y también fiscales cuestionados por protagonizar operativos o casos donde no habrían respetado las garantías más elementales de actores sociales o directamente habrían criminalizado con su actuar: Sandra Quiñónez, Alejo Vera, Nelson Ruiz, Blas Imas, Emilio Fúster…

El pasado 5 de junio Rachid compareció ante miembros del Consejo de la Magistratura en una audiencia pública marcada por la indignación y el repudio de activistas del caso Curuguaty contra el agente.

El 15 de junio de 2012 -se cumplen cinco años- más de 300 policías realizaron un desalojo ilegal en las tierras conocidas como Marina Kue, tierras estatales usurpadas por la familia agroganadera Riquelme, contra 60 campesinos que ocupaban parte del lugar.

El operativo terminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías y generó una crisis política que desembocó en un golpe de Estado contra Fernando Lugo.

De acuerdo a investigaciones de dos plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcional de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, la comisión de tratos crueles y de violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete de los campesinos.

En dicho proceso judicial Rachid decidió no investigar la muerte de 11 campesinos, a pesar de los indicios de ejecución.

Aun sin investigar la totalidad de los hechos, se empeñó en responsabilizar de la masacre de Curuguaty y de la muerte de seis policías a los campesinos sobrevivientes procesados.

Un abanico de voces sociales de Paraguay -juristas, activistas, defensores de derechos humanos, artistas, docentes, amas de casa, estudiantes -repudiaron el actuar del agente fiscal por su falta de objetividad, imparcialidad, por plantar pruebas y por encabezar la tarea de dar una solución jurídica a un caso ya definido de antemano políticamente, con la destitución de Fernando Lugo tras la masacre.

Los cuestionamientos estuvieron aderezados, además, porque el agente fiscal proviene de una familia vinculada al Partido Colorado y al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.

En el plano internacional, su actuación le valió al Estado paraguayo estirones de oreja de parte de Alemania y Estado Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.

FOTO: Consejo de la Magistratura
Fuente: Base Is

0 COMENTAR

Comenta este articulo

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *