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Movilización campesina y Estado social de derecho

La Constitución Nacional en su artículo 114 expresa: “La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra, se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro”.

A propósito de la movilización que la Coordinadora Nacional Intersectorial viene haciendo desde hace algunas semanas, varios de los enunciados en este artículo constitucional tienen relación directa con las reivindicaciones que plantea este sector ante las autoridades nacionales, cuyo cumplimiento y aplicación es obligatorio y la razón de ser de un Estado Social de Derecho.

Entre los reclamos se menciona la falta de solución estructural a la problemática de la tierra, la inexistencia de instrumentos legales y la ausencia de políticas agrarias para el desarrollo integral de la agricultura familiar campesina. A esto habría que agregar el sobre endeudamiento del labriego, uno de los puntos centrales que motivan la movilización; así como otros factores que influyen y son determinantes para que en el Paraguay se profundice la pobreza y su principal consecuencia en el campo: el desplazamiento masivo de campesinos que se instalan en las periferias urbanas y la migración forzosa de compatriotas al exterior.

Miles de pequeños productores viven con el riesgo de perder la tenencia de sus tierras a causa de deudas contraídas y por no poder honrarlas debido a que el Estado no fue capaz de garantizar salida segura y buen precio de la producción; o por presión de sectores poderosos que apuestan al monocultivo, como la soja, sintiéndose muchas veces obligado a desplazarse hacia cinturones suburbanos tratando de sobrevivir en una miserable y progresiva pauperización.

El modelo económico más favorable al agro negocio propicia esas situaciones injustas y excluyentes

Todo eso, a la vez, constituye hechos que profundizan la degradación social de miles de familias campesinas e indígenas, que se sienten abandonadas y excluidas de todo el sistema de desarrollo y de crecimiento integral que garantizan nuestra Carta Magna.

La Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, considera que el Estado, entendiendo los tres poderes, es el garante del bienestar de cada uno de sus ciudadanos sin ningún tipo de distinción. Por lo tanto, corresponde que atienda con la seriedad y sensibilidad correspondientes, los justos reclamos de miles de compatriotas, de tal modo a hacer que los preceptos constitucionales mencionados no sean letra muerta y sean interpretados maliciosamente, solo a favor y la conveniencia de quienes ostentan poder político y económico.

Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
Julio 2017

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