Durante el cierre del mes de abril de 2026, las organizaciones campesinas, con especial protagonismo de agrupaciones como Conamuri, llevaron a cabo una serie de jornadas de movilización y reflexión territorial. Estas actividades, desarrolladas entre el 20 y el 22 de abril, pusieron de relieve la profunda tensión existente en torno al acceso a la propiedad agraria y el derecho a condiciones de vida dignas para los trabajadores rurales. Bajo consignas que enfatizan que el acceso a la tierra constituye una “emergencia de vida”, los representantes rurales buscaron visibilizar la precariedad en la que subsisten numerosas comunidades.

El eje discursivo de estas movilizaciones se centró en la exigencia de una mayor celeridad institucional para la resolución de conflictos históricos de tenencia. Las organizaciones argumentan que la falta de respuestas efectivas ante la falta de títulos de propiedad y el avance de modelos de explotación intensiva sobre territorios ancestrales o de pequeña escala profundiza la brecha de desigualdad social. El mensaje ha sido claro: no puede haber un desarrollo rural integral ni seguridad alimentaria si las familias campesinas viven en un estado de vulnerabilidad jurídica sobre el suelo que trabajan.

Más allá del reclamo de tierras, las jornadas funcionaron como un espacio de reafirmación cultural y política. A través de asambleas y diálogos, los participantes compartieron diagnósticos sobre la situación actual de los asentamientos y planificaron estrategias de resistencia comunitaria. Estas movilizaciones, más que ser un evento coyuntural, reflejan un movimiento persistente que exige una reforma agraria que trascienda la repartición de tierras, integrando el acceso a agua, infraestructura, educación y salud como componentes indisolubles de una vida rural digna. Con estos actos, las organizaciones han reafirmado su papel como sujetos políticos activos que no solo piden, sino que proponen un modelo de país basado en la equidad y la justicia social.