El debate sobre la participación económica y el liderazgo productivo de las mujeres rurales durante los meses de agosto y septiembre de este año ha puesto sobre la mesa una variable invisible pero determinante que frena su autonomía: la sobrecarga desproporcionada de las labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado.
En las comunidades campesinas, donde la infraestructura básica suele ser precaria y el acceso a servicios públicos es limitado, las tareas de cuidado —atención a la infancia, personas adultas mayores y enfermos, además del acarreo de agua y leña— recaen casi de manera exclusiva sobre las mujeres. Esta doble y triple jornada laboral limita drásticamente su disponibilidad de tiempo para capacitarse, participar en espacios de toma de decisiones comunitarias o consolidar emprendimientos productivos propios.
Organizaciones de mujeres rurales han señalado que cualquier política pública orientada al empoderamiento económico fracasará si ignora esta realidad estructural. No basta con ofrecer créditos o talleres de capacitación si no se implementan medidas de corresponsabilidad social y comunitaria que alivien el peso de los cuidados cotidianos.
Entre las demandas prioritarias presentadas durante este bimestre figuran la habilitación de centros comunitarios de atención infantil en las compañías rurales, la mejora en la provisión de servicios básicos domiciliarios que reduzcan el tiempo dedicado a tareas domésticas y el impulso de campañas educativas que promuevan la distribución equitativa de las responsabilidades al interior de los hogares. Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado es un requisito indispensable para que la autonomía económica de las mujeres rurales deje de ser una meta lejana y se convierta en una realidad sostenible.