El tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto -comprada el año pasado por Bayer- encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica.

Monsanto, que desde principios del siglo XX ha comercializado productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza. Para ello, se utilizaron los mismos procedimientos que utiliza la Corte Penal Internacional de La Haya, pero la compañía se negó a participar.

La idea fue impulsada por más de mil organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Si bien el tribunal era simbólico, sus conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho del planeta, y se usarán para intentar que se modifique el Estatuto de Roma y se incluya la figura del ecocidio.

Quizás lo más esperado fue justamente la conclusión en torno a ese tipo penal, el ecocidio, un término que empleó públicamente por primera vez en 1970 el biólogo Arthur Galston, cuya investigación en el Departamento de Botánica de la Universidad de Yale condujo a la invención del agente naranja. La conclusión de los jueces no dejó lugar a dudas. «Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas«, advirtió el fallo.

El primer punto tratado en el fallo es si Monsanto vulneró el derecho a un ambiente sano y equlibrado, que es una precondición para el ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, los expertos analizaron testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en Argentina y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas por la aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil. También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y las deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas modificadas genéticamente.

Hubo más. Se habló de la falta de información a las comunidades, fundamentalmente indígenas, en todo el mundo, la contaminación producida por la canola transgénica en Australia y Canadá, la imposibilidad de obtener un buen rendimiento en los cultivos de algodón modificado genéticamente, los intentos de Monsanto de monopolizar el mercado de semillas en la India, la fumigación aérea de glifosato en la guerra fallida contra las drogas y la contaminación con glifosato de las fuentes de agua en la Argentina, muy estudiada en el caso del río Paraná.

Frente a semejante nivel de pruebas, la conclusión fue tajante. «Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica», estimó el tribunal.

El segundo punto a tratar, el derecho a la alimentación, llama la atención porque el combo «siembra directa + transgénicos + agroquímicos» fue presentado desde el minuto cero como la tríada que pondría fin al hambre en el mundo, algo que no sólo no ocurrió, sino que, según el fallo, el mundo siempre estuvo en condiciones de producir alimentos para todos apelando a la agricultura tradicional.

En este caso se tuvieron en cuenta las producciones de arroz de Sri Lanka, que se volvieron arenosas y redujeron su rendimiento «de forma significativa», y el ensañamiento con el monocultivo en ese país, donde en algunas comunidades se reintrodujeron exitosamente variedades tradicionales de mijo, sésamo, hortalizas, frutas y cereales con las que se obtuvieron mejores cosechas. Debido al daño causado por los agroquímicos, en 2015 se prohibieron el Roundup y otros cinco productos en ese país.

El tribunal también destacó los «daños producidos en el suelo, en los nutrientes, que influyeron negativamente en las condiciones que requieren los cultivos, y en las corrientes de agua utilizadas para el mismo trabajo agrícola».

Además, tuvo en cuenta el testimonio de dos argentinos. Por un lado, el médico rosarino Damián Verzeñassi, quien señaló, en particular, que «donde anteriormente se habían producido alimentos, ahora había plantas transgénicas toxicodependientes que habían afectado a la producción lechera y ganadera». El otro es el productor Diego Fernández, que posee 150 hectáreas en Santa Fe y contó cómo lo afectó la producción de soja transgénica a partir de 1996, que cada vez requería un mayor uso de Roundup y desplazó al ganado. «Antes de la conversión del campo utilizaba 1 litro de Roundup por hectárea cada año; después de la conversión utilizaba entre 10 y 12 litros, lo que causó la compactación del suelo, la muerte de las raíces y una reducción de la actividad microbiológica. La compactación del suelo provocó también inundaciones porque el agua había dejado de filtrarse. Otra consecuencia que señaló fue la aparición de plantas invasivas resistentes a los herbicidas», recordaron los jueces. Hubo testimonios similares de agricultores de México, de la India, de Burkina Faso y de Bangladesh.

«Los testimonios citados revelan que, en todos los casos, se ha producido una vulneración del derecho a la alimentación de la que han sido víctimas los testigos y las comunidades, así como las personas mencionadas por los testigos», indicaron los jueces.

La afectación al derecho a salud fue posiblemente la más fácil de demostrar, ya que incluso hay jurisprudencia en varios países. En este punto fue muy sólida la exposición del médico Verzeñassi, quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. El experto encabeza un proyecto titulado «Campamento sanitario» en cuyo marco se han realizado estudios en 27 localidades de cuatro provincias argentinas. Después de recopilar datos de 96.874 personas de dichas localidades, observó que en esas zonas hay altísimas tasas de una serie de enfermedades vinculadas al uso de cultivos de organismos modificados genéticamente y en la exposición al glifosato producido y comercializado por Monsanto.

Al respecto, los magistrados no sólo hicieron hincapié en los daños a la salud física, sino también la mental, y pusieron énfasis en los efectos perjudiciales del PCB, el glifosato y los transgénicos.

Otro tema que también se sintió de cerca en Argentina es la libertad indispensable para la investigación científica, una cuestión archiconocida por los ambientalistas en el país, a partir de las persecuciones que sufrió el fallecido médico Andrés Carrasco, luego de sus históricas investigaciones sobre los efectos del glifosato en animales vertebrados. En el Salón Illia del Senado, donde se siguió la transmisión de la lectura de la sentencia, hubo un cerrado aplauso una vez que se conoció el fallo y se invitó a su esposa, Alicia Massarini, a decir unas palabras.

Varios testimonios, al decir del tribunal, coincidieron en que «Monsanto ha empleado de modo habitual tácticas deshonestas, engañosas y opacas para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus herbicidas asociados». La empresa está acusada de operar para desacreditar y paralizar las investigaciones científicas y debates que suponen una amenaza para sus intereses comerciales.

Algunas declaraciones fueron elocuentes, como la del paraguayo Miguel Lovera, quien trabajó en el Gabinete del ex presidente Fernando Lugo, y que habló de sobornos a funcionarios y calumnias a los que osaban criticar. Y en particular, dijo que tras el desplazamiento de Lugo, «el control reglamentario efectivo de los productos modificados genéticamente y de los herbicidas dejó de existir y Monsanto tuvo libertad para introducir algodón, maíz y trigo modificados genéticamente, a menudo con consecuencias desastrosas para los agricultores locales y poniendo en grave riesgo las semillas autóctonas». Hubo testigos similares de Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

El último tema que se analizó fue si Monsanto fue cómplice de un crimen de guerra, ya que fabricó el Agente Naranja que los Estados Unidos utilizaron durante la contienda bélica en Vietnam. El tribunal aclaró que «no se ha presentado ante el Tribunal ninguna evidencia relevante», pero aun así concluyó que «habría que dar crédito a la hipótesis de que se disponía de pruebas pertinentes en relación con los hechos de que Monsanto», porque la empresa «proporcionó los medios necesarios para la campaña estadounidense en Vietnam; sabía cómo se utilizarían sus productos y tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente».