Asunción, 7 de octubre 2020 (BASE-IS) El avance acelerado del agronegocio sobre el territorio campesino e indígena representa un elemento crucial para entender la actual crisis del campo, la imposibilidad de convivencia con el modelo de vida y producción campesina se traduce en violentos desalojos y despojo de tierras que sufren las comunidades. Por Ley los municipios son responsables de la defensa y protección del ambiente en los territorios de sus distritos, por ende se convierten en un espacio institucional fundamental para garantizar la defensa del territorio campesino y la producción sostenible.

Según el libro Defensa Territorial, Iniciativas Locales hasta el año 2018 en 15 distritos del país ciudadanos y ciudadanas impulsaron, y lograron la aprobación, de normativas municipales tendientes a la protección del ambiente y el territorio campesino. Durante el último periodo de gobierno municipal al menos 8 distritos rurales tomaron este tipo de medidas para reglamentar la explotación de sus recursos naturales, zonificar la producción agrícola, y condicionar la utilización o manipulación de agrotóxicos y semillas transgénicas en sus territorios.

Estas ordenanzas y as ordenanzas y resoluciones en cuestión, tienen su origen en el choque que se da entre dos modelos de producción, como respuesta ciudadana a la destrucción del ambiente y la condición de la calidad de vida que supone el modelo de agronegocios. Las iniciativas ciudadanas con las ordenanzas y resoluciones, apuntan a la protección de derechos sociales, culturales y ambientales.

Abel Areco, abogado, especialista en la temática agraria y autor del material, señala que la actual expansión del agronegocio se da a costa de la violación de las leyes ambientales, “el Derecho Ambiental tiene dos propósitos principales, lograr el uso racional de los bienes naturales y evitar la contaminación del suelo, aire y agua, a fin de garantizar la permanencia de la biodiversidad, esto es totalmente contradictorio con la expansión del agronegocio, los transgénicos, el uso de agrotóxicos y la deforestación que esto conlleva” menciona.

Areco indica que las iniciativas obligan a que las autoridades locales intervengan en los conflictos suscitados por la presión del modelo agrícola empresarial y tomen postura a favor del pueblo o de las empresas, al tiempo de resaltar que en la mayoría de los casos las normativas son construidas de forma colectiva con participación de la comunidad lo que genera un empoderamiento de estas normas como una herramienta jurídica y política de amparo ante el arrollador avance del agronegocio.

“Estas iniciativas son un ejercicio importante de participación de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil ante los municipios, una instancia local que se puede considerar como la más cercana a las comunidades rurales” comenta. En muchos distritos donde el agronegocio sigue arrasando con el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas será fundamental el surgimiento de autoridades que apoyen las iniciativas populares para poner límites a dicho modelo y priorizar la calidad de vida de los pobladores y pobladoras.

El domingo 10 de octubre se realizarán las elecciones municipales 2021, en estos comicios; se elegirán 261 Intendentes Municipales, y 2.781 Miembros de Juntas Municipales Titulares y la misma cantidad de Suplentes. Postulan 831 candidatos a Intendentes Municipales; mientras que 15.535 son los candidatos a miembros de Juntas Municipales.

https://www.baseis.org.py/elecciones-municipales-votar-en-defensa-del-ambiente/?fbclid=IwAR1pUVA-bmTTnNNrkta42yk6B_N3dXTyfSmbq19sIhdSBHLpPzw6bJk6uCk

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