Hoy, 10 de diciembre debería ser un día de festejo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestro país y el mundo entero. Sin embargo, es una fecha propicia para recordar con dolor y tristeza como en Paraguay esos enunciados, principios y garantías, son letra muerta.
La Red Rural aboga por la plena vigencia de esos derechos, que son fundamentales para el bienestar general y la búsqueda del bien común como sustento de la paz social.
Pero ese bien común y esa paz social se encuentran cada vez más inalcanzables para importantes sectores de la población. Eso por los constantes y reiterados atropellos a los derechos humanos que se materializan por acciones institucionales del Estado, así como de sectores predominantes con poder político y económico que utilizan aparatos del Estado para beneficio propio en detrimento de una mayoría que se siente impotente y resignada ante esos atropellos.
Así es como observamos cotidianamente atropellos a derechos de pueblos indígenas, comunidades campesinas, trabajadores y obreros de la ciudad, donde derechos y garantías de una mejor calidad de vida se pisotean y se dejan de lado. En términos más directos, observamos que aparatos del Estado, entiéndase instituciones, recursos y leyes están más bien al servicio de terratenientes, del agronegocio, multinacionales, el narcotráfico y la narcopolitica.
Una de las tantas manifestaciones atentatorias al derecho humano que se dieron en las últimas semanas fueron los desalojos violentos de comunidades campesinas e indígenas en varios puntos del territorio nacional. Estos hechos se dieron bajo el amparo de la ley que criminaliza las ocupaciones de tierras.
Si bien los proyectistas de la citada ley habían prometido no desalojar los asentamientos, sin embargo, hasta comunidades arraigadas fueron desalojadas y las personas y sus enseres arrojados a las calles en total desamparo.
A modo de ilustrar las barbaridades, desde octubre pasado cuando entró en vigencia la ley que criminaliza las ocupaciones, a principios de diciembre, se registraron alrededor de 10 desalojos violentos de comunidades indígenas y campesinas.
Diversos sectores de la sociedad reclaman la derogación de la citada ley, por ser atentatorias a derechos de comunidades indígenas y campesinas que deambulan buscando un lugar donde establecerse.
La propia Iglesia Católica pide su derogación. En ese sentido, la Red Rural expresa su coincidencia con la jerarquía eclesial, en el sentido de que se debe priorizar el derecho a la tierra y a la propiedad privada para todos los paraguayos, disponiendo los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria, promoviendo la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, así como iniciativas que aseguren la protección de la ecología en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible.
La Red Rural recuerda al gobierno y sus instituciones pertinentes que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la tierra a indígenas y campesinos; así como los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes de esta República en igualdad de condiciones. La no vigencia plena de esos derechos es responsabilidad exclusiva de los administradores del Estado.
RED RURAL
Diciembre 2021