(BASE-IS) Se cumplieron dos años de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas dictaminara que el Estado paraguayo fue responsable de violación de derechos humanos en el caso de la muerte del joven campesino Rubén Portillo y la intoxicación de decenas de miembros de la comunidad Yeruti a causa del uso intensivo de agrotóxicos. Según señala la familia Portillo, que hasta hoy día resiste en el territorio, el Estado paraguayo no avanzó en las recomendaciones emanadas del Dictamen del Comité de la ONU y siguen sufriendo la embestida de los empresarios sojeros y las fumigaciones con agrotóxicos.
En enero del 2011 la comunidad de Yerutí, ubicada en el Departamento de Canindeyú, fue víctima de una masiva intoxicación por uso de agrotóxicos por parte de sojeros que rentaban tierras en zonas cercanas a la comunidad, esta situación llegó a un extremo cuando el 6 de enero de 2011 falleció, a consecuencias de las pulverizaciones, al agricultor y padre de familia Rubén Portillo (26). Ante esta situación Base Investigaciones Sociales y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) en representación de las víctimas y familiares de víctimas del hecho presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a finales del año 2013.
El 14 de agosto del 2019 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que “las fumigaciones masivas con agro-tóxicos en la zona de referencia, según ha sido ampliamente documentado, constituyen amenazas a la vida de los autores que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”, a partir de esta afirmación el Comité concluye que el Estado paraguayo ha violado los artículos 6 y 17 del Pacto de Derechos Civiles y políticos que garantizan el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio privado. El fallo añade que el Estado Paraguayo omitió su deber de proteger y permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna lo que generó una degradación del medio ambiente que afecta el bienestar del individuo y genera violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio
“Lastimosamente, a dos años de esta sentencia, no hay ningún avance, sigue todo igual acá en Yerutí. Ahora cerraron la escuela de la comunidad, no hay intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra para recuperar las tierras, como se estableció en el acuerdo” manifestó Norma Portillo, hermana de Rubén, quién aún reside junto con otro puñado de familias en la colonia rodeada de grandes sojales propiedad de agroempresarios extranjeros. “Prácticamente la comunidad desapareció, quedamos unas pocas familias, pero después es todo sojal, ya van a ser 11 años de que mi hermano falleció y hasta el momento nada se cumplió con nosotros y cada vez hay más gente que está expuesta a que esto siga pasando” concluyó Norma.
La recuperación de las tierras pertenecientes a la colonia Yeruti, la reparación integral a la familia de la víctima y hacer cumplir la normativa ambiental fueron los puntos que el Estado paraguayo debió garantizar tras el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ninguna de esas premisas se cumplieron.
foto: codehupy
Fuente; https://www.baseis.org.py/caso-yeruti-estado-paraguayo-sigue-sin-proteger-a-familias-campesinas/?fbclid=IwAR1QIVM_088qTILnUZy1u1olZ3pQ24G0ModUANHHQ7fPt4B44e9NBNVRgXw