Durante el mes de mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de urgencia con el objetivo de asistir de manera prioritaria al sector de la agricultura familiar campesina. Esta medida fue impulsada como respuesta directa a una compleja coyuntura económica marcada por el constante aumento en los costos de los insumos productivos y una marcada inestabilidad en los precios de comercialización de los productos agrícolas. La iniciativa busca paliar el impacto negativo que estos factores han tenido sobre la rentabilidad de las pequeñas explotaciones rurales, las cuales representan el sustento de numerosas familias en todo el país.

Este mandato legislativo establece obligaciones concretas para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), instando a la cartera estatal a diseñar y ejecutar planes de contingencia inmediata para respaldar a los productores. Como parte del seguimiento a esta declaración, el Ministerio deberá presentar ante el Poder Legislativo un informe detallado con los resultados de las acciones implementadas en un plazo máximo de 90 días. Con este paso, el Congreso busca garantizar un mayor control sobre las políticas de asistencia y asegurar que los recursos sean direccionados eficazmente para mitigar la vulnerabilidad del sector ante la actual crisis económica.