El Paraguay de acuerdo a la Constitución Nacional, es un Estado Social de Derecho. Esto define claramente el espíritu de esta República. Implica que el Estado paraguayo es responsable y debe velar porque sus habitantes, sin distinción de ninguna laya, deben gozar del respaldo y la protección del Estado para ejercer sus derechos plenamente.
En el caso de los reclamos por el derecho a la tierra que vienen haciendo sectores campesinos e indígenas a través de manifestaciones públicas, es en pleno ejercicio de sus derechos. De no hacerlo no lograrán que el resto de la sociedad visibilice esa esa necesidad que tienen, de contar con tierras donde cultivar, desarrollar y proyectar su progreso socioeconómico.
En cuanto al gozo pleno del Estado Social de Derecho a favor de la ciudadanía en general, y en el caso de campesinos e indígenas en particular, es responsabilidad de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La reciente modificación, vía sanción legislativa, del Código Penal, que aumenta considerablemente las penas por ocupación de inmuebles y la expresa prohibición de que los responsables sean favorecidos por penas sustitutivas o excarcelables, denota que el Legislativo es incapaz de asumir su responsabilidad en lo referente a dar solución a uno de los más graves dramas sociales del país, que es la falta de garantías para ejercer el derecho a la tierra. La «solución» que propone el Legislativo acrecentará la violencia, pues claramente apunta a criminalizar la lucha social y en ningún caso será la solución a la problemática de la tierra.
Además, se advierte del riesgo que significará un instrumento, como la ley sancionada, en manos de una cuestionada justicia que por lo general sus fallos se ajusta a las expectativas de los tenedores de tierras y así nunca a favor de campesinos e indígenas. Así que la ‘solución» que se pretende dar a esta problemática denota más un tufo de hipocresía y a una inmoralidad más ante el drama de la falta de distribución de tierras en el Paraguay.
En agosto de 2008 la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley, encontró que alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras fueron distribuidas a personas no sujetas a la reforma agraria. La dictadura de Alfredo Stroessner repartió esas tierras entre sus amigotes, generales, empresarios y hasta el que fuera dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, fue beneficiado con importante extensión de tierras.
Ese informe fue entregado a los tres poderes del Estado con el mandato expreso de impulsar acciones, en sus respectivos ámbitos, a fin de recuperar esas tierras mal habidas. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. No fueron capaces o no quisieron asumir esa responsabilidad. Los tres poderes se desentendieron del asunto. Fue una brillante oportunidad que se presentó para recuperar esas tierras y destinarlos a sus legítimos dueños: campesinos e indígenas paraguayos. La inacción, la inutilidad y falta de gestión que demostraron estos poderes del Estado en el caso, lo que provocaron fue la postergación por años y el agravamiento del drama social de la falta de tierras.
Es tal la miopía e irresponsabilidad de quienes integran estos poderes, que lo mejor que se les ocurre ahora es aumentar penas a quienes se atreven a usurpar, invadir u ocupar tierras que desde tiempo atrás debieron destinarse a la reforma agraria.
El aumento de penas es la gran solución que sus estrechas mentes les permite encarar la problemática. La ley sancionada está ahora en manos del Ejecutivo. Este poder del Estado, en estos tres años de gestión demostró ineptitud y mucha insensibilidad social. Este es el gobierno que no logro expropiar una sola hectárea a favor de campesinos e indígenas. Los tres poderes del Estado, una vez más, dieron muestra de su ineptitud, irresponsabilidad, poco tino, mezquindad, incapacidad de ejercer con idoneidad la función para la cual fueron elegidos. Esta es la triste y dolorosa realidad del Estado Social de Derecho en el Paraguay.
Red Rural – Septiembre 2021
