Cuando el país está de pie nuevamente ante una situación crítica que afecta a todos los habitantes del Paraguay; cuando desde todos los sectores, público y privado, nos llaman a adoptar medidas y normas para contener el avance del virus COVID19; cuando se le pide a la población hacer sacrificios y renunciamientos en el contexto de una prolongada cuarentena, funcionarios del gobierno en complicidad con voraces «empresarios» asociados a inmorales padrinazgos políticos hacen de la suya de recursos públicos y mercan con la necesidad de la gente, dando rienda suelta a sus insaciables ambición de apoderarse del dinero público destinado a urgencias sanitarias que demandan esta coyuntura.

Desde el inicio de la cuarentena se observaron desprolijidades y hechos irregulares así como falta de estrategias para atender las necesidades de sectores vulnerables mas afectados por la casi nula actividad que le permita generar recursos para el sustento de sus familias.

Los programas sociales de subvención y asistencia siguen ausentes en importantes sectores, especialmente en el de la agricultura familiar campesina que, pese a la situación, sigue aportando productos sanos y naturales para alimentar a la población. También las ollas populares en sectores carenciados de ciudades y asentamientos constituyen el alto grado de solidaridad de personas y organizaciones con las familias necesitadas.

Se destinan millonarios recursos públicos para la compra de insumos sanitarios y las empresas adjudicadas son de los amigos del gobierno y de políticos que en absoluto pueden ser considerados representantes del pueblo paraguayo. Además, los insumos adquiridos ni siquiera cuentan con las especificaciones técnicas requeridas. En ese sentido, el informe de la Contraloría General de la República es claro y contundente: los procesos licitatorios adolecen de graves irregularidades.

Son varios los fraudes detectados en varias compras de insumos y contrataciones, lo que evidencia que el virus de la corrupción sigue campante, gozando de buena salud en nuestro país. Pues cuenta con el amparo de la impunidad que se le brinda desde sectores del gobierno y de políticos inescrupulosos, pasando, inclusive, por organismos judiciales controlados por caciques de nuestra política criolla que nunca terminan de alejarse del escenario político.

Si bien hasta ahora el avance del virus COVID19 está en cierta medida controlado en nuestro país, situación que en gran medida se debe al comportamiento de la ciudadanía, es menester que desde el gobierno se emitan señales claras de que no habrá impunidad para nadie y que se rectifiquen los abusos deliberados a los que se somete el presupuesto público. De no ser así seremos devorados y aniquilados no precisamente por el COVID19, sino por el incontenible virus de la corrupción que nunca entró en cuarentena.

Red Rural

Mayo 2020

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