Asunción 24 de setiembre 2021 (BASE-IS) En una extensa sesión y tras más de cinco horas de discusión el Senado aprobó por 29 votos a favor y 13 en contra la Ley que criminaliza la lucha por la Tierra. Con esta Ley los representantes del sector terrateniente en el congreso pretenden perpetuar la injusta distribución de tierras existente en Paraguay, donde el 85% de las tierras está en manos de el 2,5% de los propietarios.

La iniciativa de modificación del Código Penal para aumentar las penas a las ocupaciones de tierras fue defendida tenazmente por los senadores del gobernante Partido Colorado, ademas de la Bancada del Partido Patria Querida, Hagamos y un sector del partido Liberal, los defensores del proyecto mostraron su clara animadversión hacia el sector campesino y su defensa de los intereses de quienes poseen enormes extensiones de tierras, en muchos casos de forma irregular.

Entre los principales promotores de la criminalización se ubicaron Enrique Riera (colorado), proveniente de familia terrateniente y con fuertes vínculos con el sector agroganadero, y Fidel Zavala, cuya familia se encuentra entre las beneficiarias de las tierras mal habidas entregadas pro la dictadura de Stroessner a aliados políticos y económicos.

El debate permitió visibilizar claramente la sumisión de buena parte de los legisladores a los intereses de una minoría latifundista, “quedó evidenciado que en Paraguay se legisla para blindar las riquezas espurias, se usa el poder del Estado para blanquear la apropiación irregular de bienes y riquezas, entre ellas la tierra” señaló Abel Irala, investigador y analista.

“Es importante señalar que, a pesar de su victoria en términos de la aprobación de esta Ley, los sectores más reaccionarios quedaron evidenciados ante la opinión pública, se evidenció su mezquindad, su sumisión a una minoría propietaria de enormes riquezas y su desintereses hacia las necesidades de la mayoría de la población” agrega Irala, en un recuento de lo acontecido ayer.

El debate permitió también reflejar el desprecio de los sectores terratenientes y sus voceros en el Congreso hacia el enfoque de Derechos Humanos que debería primar en la atención de una problemática social tan delicada como es la de la tierra en Paraguay. En este sentido los legisladores del Frente Guasu, PDP y parte del PLRA hicieron notar la incoherencia de un proyecto que castiga con más fuerza a quien lucha por un pedazo de tierra que a una persona que realiza actos contra la vida o la integridad de otra, subvirtiendo totalmente los valores de la Constitución Nacional y de todos los estándares de Derechos Humanos a nivel internacional.

Mientras, en las calles se vivió un clima de movilización y unidad del sector campesino-indígena que no se veía hace tiempo, además de un importante contingente en la capital, en al menos 10 Departamentos del país se registraron manifestaciones y cierres de ruta por parte de las organizaciones sociales. “Fue una muestra de la disociación crecimiento, de recuperación de fuerzas y de unidad por parte de las organizaciones, esto va a ser clave para las luchas que se vienen ante la agudización de la crisis en el campo” menciona Abel Irala, al tiempo de destacar que estas movilizaciones también tuvieron el apoyo de amplios sectores ciudadanos que rechazan la actitud mezquina de legisladores y terratenientes.

Irala estima que la escalada de violencia por parte de terratenientes continuará, menciona que en los últimos tiempos varias comunidades campesinas e indígenas han sido desalojadas por grupos para-estatales de civiles armados, y recientemente se registró el asesinato reciente de un líder campesino así como otros hechos de violencia en el marco de la lucha por la tierra.

La Ley de Criminalización será tratada en los próximos días en Cámara de Diputados donde el sector que apoya esta legislación tiene mayoría para aprobarla, el Presidente Abdo Benítez ya anunció su acuerdo con la propuesta por lo que la iniciativa se convertiría en Ley en corto tiempo. A pesar de esto las organizaciones campesinas anunciaron que darán batalla mediante nuevas y mayores movilizaciones, y afirmaron que aún con la promulgación de esta Ley el sector campesino continuará luchando por acceder a la tierra ya que es la única garantía de vida para las familias rurales.