La organización británica Earthsight publico una extensa investigación de más de un año que demuestra cómo la Cooperativa Chortitzer y las empresas brasileñas Yaguareté Pora y Caucasian SA invadieron y deforestaron ilegalmente, entre 2018 y 2020, 2.600 hectáreas de bosques del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode. Éste es el último pueblo indígena sudamericano en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía, en Alto Paraguay, Chaco. El objetivo: hacer lugar para las vacas que proveen el cuero a autos de lujo en Europa.

A través de tres diferentes rutas, que involucran a la curtiembre de las cooperativas menonitas Cencoprod, el Frigorífico Concepción, Minerva y Lecom SA, el ganado vacuno proveniente de esas estancias se faena y el cuero es exportado a Pasubio Leather en Italia. Esta empresa luego provee el cuero para tapizar los autos de Jaguar Land Rover y BMW. Según datos de Aduanas, la exportación de cueros y derivados movió más de 38 millones de dólares sólo entre enero y agosto de 2020.

El informe Grand Theft Chaco –al cual el equipo de El Surtidor accedió– incluye más de 200 fuentes documentales, registros de la deforestación ilegal en el territorio Ayoreo con imágenes satelitales y visitas encubiertas a las curtiembres y establecimientos ganaderos involucrados en Paraguay. También, seguimiento a los camiones que llevaban las vacas de las estancias a los mataderos, declaraciones de los propios empresarios y denunciantes dentro del Ministerio del Ambiente y el Infona, que demuestran «la corrupción y el tráfico de influencias que permiten esta destrucción», según la investigación. 

Cooperativas menonitas y multinacionales brasileñas arrasan bosques nativos

El Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode constituye una reserva de 550 mil hectáreas creada por el Estado paraguayo en 2001, tras décadas de lucha de activistas. 

Pero desde el 2005, se calcula que unas 53 mil de esas hectáreas han sido deforestadas para convertirse en pastura para ganado. Una de las principales deforestadoras es Yaguareté Porá, una empresa brasileña que «utilizó sus vínculos políticos» para obtener una licencia ambiental para el desmonte en tierras ancestrales. Aunque la licencia fue declarada ilegal, en 2013 la ministra del ambiente de Cartes, Cristina Morales, le renovó el permiso a Yaguareté Porá. Esto dio lugar a la destrucción de miles de hectáreas más. Solo después de la intervención de la comunidad internacional, con reportes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Infona suspendió en 2018 todo plan de manejo forestal de las empresas dentro de la reserva, volviendo ilegal cualquier desmonte.

Pero dos meses después de la resolución del Infona, Earthsight encontró que la deforestación siguió. En unos pocos meses, desaparecieron 2.100 hectáreas. En 2019, otras 520 hectáreas.

Para identificar a los responsables, investigadores viajaron a las tierras Totobiegosode a finales de 2019, donde contactaron con comunidades indígenas y descubrieron que otra empresa brasileña, Caucasian SA, y Félix Krahn, parte de la Cooperativa menonita Chortitzer, habían deforestado esa área. Registros públicos demostraron que Chortitzer compró 22 mil hectáreas dentro de la reserva en abril de 2019, poco antes de que la deforestación identificada en esa zona empezara y después de la resolución del Infona que prohibía toda actividad ganadera allí. Antes, la propiedad había pertenecido a la familia Scavone Oddone, encontrada culpable de deforestación ilegal en otro caso en 2020.

Las vacas provenientes de la deforestación toman diferentes caminos, pero todos llevan a la misma empresa en Europa.

La ruta del cuero sucio

Chortitzer faena sus vacas en su propio frigorífico, Frigochorti, y luego provee el cuero crudo a Cencoprod, la curtiembre de la que es accionista junto a otras dos cooperativas menonitas, Neuland y Fernheim. Cencoprod dice en su página web asumir »el compromiso del desarrollo sustentable con el medio ambiente«. Pero ya estuvo involucrada en una grave acusación cuando en 2018 un informe de la ONU y una investigación de The Guardian y Réporter Brasil demostraron que compraba cuero proveniente de estancias que utilizaban mano de obra esclava indígena.

Caucasian SA vende sus vacas a la multinacional brasileña Minerva, que se quedó con la mitad de todo el mercado de exportación de carne de Paraguay luego de comprar las acciones de la también brasileña JBS y, a través de su filial Athena Foods/Frigomerc, compró Frigonorte. La compra de Frigonorte generó conflicto con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) –en cuyos eventos Caucasian promueve su ganado. La ARP denunció a Minerva por su «posición abusiva» en el mercado ante la Comisión de Libre Competencia, que dictaminó que la adquisición de Frigonorte le daba posibilidad al gigante brasileño de manipular precios.

Minerva luego vende el cuero crudo proveniente de Caucasian a Lecom S.A, la empresa a la cual Waltrading, otra curtiembre, acusa de ser la verdadera responsable de teñir de morado la laguna en Limpio.

Por último, Yaguareté Porá vende sus vacas al Frigorífico Concepción, el segundo exportador de carne del país.

Luego de la limpieza del cuero en las curtiembres de Cencoprod, Frigomerc/Lecom y Frigorífico Concepción, que incluye utilizar metales como el cromo –que no se degradan bien en el ambiente– y sales como el sulfuro, el sodio y cloruro que ahoga a los peces en el agua y a los humanos en el aire con su efecto y su olor– las empresas exportan el producto procesado a Pasubio Leather en Italia.

En las conversaciones con los investigadores, empresarios de las curtiembres en Paraguay mencionaron varias marcas famosas de autos que supuestamente usaban sus productos. Entre ellas, dos de las mayores fábricas de autos de lujo en Alemania y Reino Unido: BMW y Jaguar Land Rover.

Ferdinand Kehler, ejecutivo de Cencoprod, dijo que el cuero producido por su empresa estaba siendo utilizado por BMW «desde hace varios años», primero proveyendo a la producción de BMW X5 en Sudáfrica. Ahora «vendemos a Italia, donde termina en Alemania, en un proveedor de BMW», dijo Kehler a los investigadores. Kehler también dijo que Cencoprod envía a Pasubio parte del cuero que utiliza el modelo Range Rover Evoque.

Consultada por Earthsight, BMW comunicó que la empresa italiana Pasubio les había informado que ningún cuero proveído al gigante alemán de automóviles era de Cencoprod. Pero confirmó que sí compraba cuero de Pasubio proveniente del Frigorífico Concepción, Frigomerc y Lecom.

Al ser informada con los resultados del informe Grand Theft Chaco, BMW dijo que «hasta ahora no tenían información» que la cadena de proveedores de cuero para la marca en Latinoamérica «estaba siendo afectada por los problemas comunicados». La compañía alemana –que ya tiene trazabilidad de todo el cuero que utiliza– dijo que estaba explorando ampliar aún más su trazabilidad del cuero que compra en Sudamérica, pero que su «estrategia a mediano plazo» es dejar de comprar cuero de la región.

Evoque es empresa hermana de Jaguar Land Rover en Reino Unido. Y Land Rover es uno de los principales clientes de Pasubio: casi un cuarto de todas las ventas de la empresa italiana. En junio de 2020, Jaguar Land Rover declinó a Earthsight confirmar o negar la compra de cuero paraguayo a través de Pasubio. Land Rover no tiene política anti-deforestación o de trazabilidad del cuero que utiliza. 

Luego de que Earthsight le diera una copia del informe Grand Theft Chaco antes de su publicación, Jaguar Land Rover respondió comunicando que tomaba de manera «extremadamente seria las denuncias de prácticas ilegales o antiéticas en nuestra cadena de proveedores» y que había iniciado «acciones inmediatas para investigar» las acusaciones con los proveedores involucrados.

Otras marcas de automóviles que compran de Pasubio son, por ejemplo, Volkswagen, que admitió que no tiene trazabilidad sobre el cuero que le provee Pasubio; Hyundai y Kia, que no respondieron a preguntas de la ONG y; Ferrari y Volkswagen, que negaron utilizar cuero paraguayo, algo afirmado por una curtiembre local.

El Estado paraguayo lo permite. A la industria automotriz no le interesa

En 2017, Earthsight había publicado ya otro informe sobre los negocios a costa de la destrucción del medioambiente en el Chaco: como la empresa del entonces ministro de Obras Públicas de Cartes, Gimenez Gaona, que hacía pasar su carbón en Europa como «sustentable» mientras deforestaba. En ese entonces, la Federación de Madereros del Paraguay (Fedapar) rechazó ese informe. Parte de la comisión directiva de Fedapar era Cristina Goralewski, actual titular del Infona.

Para Grand Theft Chaco la ONG contactó en Asunción a ex y actuales funcionarios públicos. Buscaban entender cómo estancieros podían con tanta impunidad deforestar ilegalmente «a una escala industrial». 

Aunque no encontraron evidencia que apunte directamente a las empresas vinculadas en el informe, sí ilustra la relación entre el agronegocio y el Estado «donde existe una cultura institucional que pone los intereses de los dueños de la tierra de Paraguay por encima de las leyes ambientales» que facilita que se pueda deforestar tierras ancestrales como la de los Ayoreo Totobigosode.

La ONG entrevistó a Karen Colmán, ex funcionaria del MADES, quien identificó y denunció docenas de casos de deforestación ilegal, primero a sus superiores en el MADES y luego a la Fiscalía General del Estado. En ambos casos, primero encontró silencio cómplice. Luego, intentaron sobornarla. Por último, la metieron en el freezer de la institución pública hasta que finalmente renunció. «Todo el sistema está viciado», dijo al contar su caso en una publicación de Facebook.

Un actual funcionario del Ministerio del Ambiente, en condición de anonimato, describió cómo funcionarios de alto rango ordenan que se aprueben licencias pese a irregularidades. Recordó a sus colegas siendo informados que «esto es un pedido del ministro. Debés aprobar esta licencia». Las leyes en Paraguay son bien claras en la prohibición de venta de tierras indígenas. Sin embargo, el caso de Chortitzer demuestra cómo se pueden realizar esas compras violando la ley, a través de registros oficiales. Haciéndose pasar por interesados en invertir en ganadería, Earthsight también contactó con la consultora GD Agronegocios en Encarnación, donde les ofrecieron no una, sino dos propiedades dentro de la tierra de los Totobiegosode. Una incluso está oficialmente titulada a nombre del pueblo indígena y la otra se llama AgroRendá.

Los investigadores de la ONG incluso le preguntaron a la consultora si era posible deforestar esas propiedades –algo claramente ilegal bajo la resolución de Infona en 2018. Los representantes de GD Agronegocios les aseguraron que sería fácil conseguir los documentos necesarios: «Todo se puede conseguir acá: si lo querés, lo vas a conseguir», les dijo uno.

Del otro lado del Atlántico, en Europa, las empresas automotrices tampoco parecen muy interesadas en asegurarse que los productos que compran no provengan del trabajo esclavo o tierras indígenas robadas. Es de lo que se quejó Ferdinand Kehler de Cencoprod.

«Cuando empezamos Cencoprod, invertimos mucho en el lado ambiental de las cosas, asumiendo que nuestros clientes serían demandantes» dijo a Earthsight. «Pero luego nos dimos cuenta que, al final, el cliente solo mira el precio. Perdimos contratos con clientes multinacionales ante otras curtiembres que no ponen esfuerzos en el medioambiente. El costo de lidiar con esos problemas es alto y yo me decepciono frecuentemente cuando un cliente compara precios y compra de alguien que es más barato, pero no cumple con sus responsabilidades ambientales», se quejó Kehler.