(BASE-IS) La llegada del mes de setiembre es habitualmente celebrada, el acercamiento de la primavera suele representar para muchos una suerte de renovación o algún sentimiento de esperanza; en el campo, desde hace algunos años, septiembre es el mes de la soja marca el inicio del periodo de siembra de la oleaginosa transgénica y esto implica deforestación, fumigación y conflictos sociales. Los datos y los hechos muestran que el periodo de zafra sojera está directamente vinculado al aumento de la conflictividad social en el campo y a la violencia contra campesinos, campesinas e indígenas.
El artículo “Campesinos/as e Indígenas criminalizados por un modelo excluyente” elaborado por Abel Irala para el Informe Con la Soja al Cuello 2019 señala que el periodo de agosto a diciembre es donde se concentra la mayor cantidad de acciones de organizaciones campesinas “contra la sojización”. Esta consigna expresa de forma directa la oposición al agronegocio por parte de campesinas y campesinos que luchan por detener las plantaciones y fumigaciones de cultivos transgénicos en sus territorios; estas acciones representaron el 12.5% de las protestas campesinas en el periodo agosto 2018 – agosto 2019, según el informe mencionado.
El mismo informe indica que entre agosto 2018 y agosto 2019 se registraron 19 situaciones de criminalización contra la lucha campesina y contra comunidades indígenas, de estas casi la mitad ocurrieron durante el periodo de la zafra sojera. Estas situaciones de criminalización incluyen desalojos – muchos de ellos con participación de civiles armados-, amenazas y ataques a tiros.
En este año bastante particular, marcado por la crisis sanitaria y social a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, los conflictos han iniciado tempranamente, el pasado 26 de agosto un productor de Colonia Barbero fue asesinado por ocupantes que acampaban en unas tierras en conflicto, según diversos testimonios los ocupantes fueron manipulados por políticos colorados, sin embargo, los voceros del agronegocio utilizaron este hecho políticamente para deslegitimar los reclamos de organizaciones campesinas.
Al mismo tiempo el sector campesino se organiza para resistir, en Yvype Sexta Línea, Departamento de San Pedro, la Comisión Vecinal decidió ocupar, desde el 25 de agosto pasado, varios lotes que deben ser destinados a la reforma agraria y que fueron ilegalmente usurpados por sojeros; la comunidad desde hace años exige la restitución de estas tierras, sin embargo, el INDERT no ha dado respuesta a los reclamos y ahora las familias se encuentran bajo amenaza de desalojo violento por parte de la policía y de civiles armados.
Por su parte campesinos organizados en la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) en el Distrito de Maracaná, realizan una movilización permanente desde hace días reclamando la regularización del Asentamiento 3 de julio, donde viven desde hace un año 130 familias campesinas, exigen frenar el cultivo de soja en los alrededores del asentamiento, donde colonos brasileños, pretenden sembrar soja transgénica y fumigar de forma totalmente irregular.
En los últimos días también se han dado conflictos en tierras indígenas como el caso de la Comunidad Y’apo de Canindeyú, donde los miembros de la comunidad realizaron cierres de ruta denunciando que sojeros pretenden apropiarse de sus tierras. Según denunciaron el Ministerio Público actúa en complicidad con los sojeros imputando a los líderes indígenas.
Mientras la ciudad se prepara para el mes de las flores, en el campo se avizoran días de conflicto, los próximos meses tendrán aroma a agrotóxicos, pero también a luchas en defensa del territorio campesino y el ambiente saludable.
Fuente: https://www.baseis.org.py/primavera-soja-violencia/?fbclid=IwAR2-0kNjLw7jtTgpKN04_Kt-lbLZ1_iK3PfvYQXBq0hyDlReY9sULg95J24