El debate sobre la vigencia del derecho a la alimentación durante los meses de agosto y septiembre de este año trascendió la mera cantidad de calorías disponibles para poner el foco en un problema sanitario y de derechos humanos igualmente grave: la calidad nutricional de lo que consume la población y la proliferación descontrolada de alimentos ultraprocesados de bajo costo y nulo valor nutritivo.
Organizaciones de salud pública y profesionales médicos han venido advirtiendo sobre el impacto alarmante que el reemplazo de la dieta tradicional —basada en productos frescos de la agricultura familiar, granos nativos y hortalizas locales— por alimentos industriales ricos en azúcares, grasas saturadas y sodio está generando en los índices de malnutrición, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente en la infancia y en los sectores urbanos y rurales de menores recursos.
Garantizar el derecho a la alimentación adecuada no significa únicamente mitigar el hambre con cualquier tipo de sustancia comestible, sino asegurar que los alimentos sean inocuos, nutritivos, libres de contaminación química excesiva y culturalmente pertinentes. Sin embargo, la intensa publicidad comercial y la baratura artificial de los productos ultraprocesados frente al encarecimiento de los alimentos frescos colocan a las familias en una situación de desventaja sistemática.
Especialistas en políticas alimentarias reclaman que el Estado asuma un rol activo en la protección de la salud pública mediante la implementación estricta de normativas de etiquetado frontal de advertencia, restricciones a la comercialización de comida chatarra en entornos escolares y el subsidio cruzado para abaratar el acceso popular a verduras, frutas y carnes locales. Proteger el derecho a comer sano es, en definitiva, defender la salud colectiva y la soberanía cultural del país.