Durante los meses de agosto y septiembre de este año, los debates en comisiones legislativas y foros de organizaciones de mujeres campesinas volvieron a poner sobre la mesa un obstáculo estructural que frena el desarrollo económico en el campo: la profunda desigualdad en el acceso y la titularidad de la tierra.
Si bien las estadísticas del sector agropecuario reflejan de manera indiscutible que las mujeres rurales sostienen gran parte de las labores cotidianas de producción, cuidado de animales menores y comercialización en huertas, la gran mayoría carece de títulos de propiedad a su nombre. Las normativas tradicionales de herencia y los trámites burocráticos en las instituciones de tierras públicas continúan relegando a la labriega a una condición de subordinación jurídica, donde su trabajo es vital pero su patrimonio es inexistente.
Esta precariedad en la tenencia de la tierra genera una reacción en cadena: al no contar con títulos propios, las productoras quedan automáticamente excluidas de las líneas formales de crédito bancario, de los subsidios estatales para infraestructura productiva y de los programas de asistencia técnica oficial que exigen garantías dominiales.
Lideresas de comités femeninos rurales han insistido durante este bimestre en que el verdadero empoderamiento económico no se logra con capacitaciones aisladas o microcréditos de emergencia, sino garantizando una reforma agraria con enfoque de género. Asegurar el acceso igualitario a la tierra y la titulación jurídica conjunta o individual para las mujeres rurales es el paso fundamental para transformar su esfuerzo cotidiano en autonomía financiera y desarrollo sostenible para sus familias.