El balance de las actividades productivas y los debates sectoriales registrados a lo largo de los meses de agosto y septiembre de este año dejaron en evidencia una conclusión compartida por diversas organizaciones agrarias y técnicas: la agricultura familiar campesina no puede sostenerse mediante respuestas coyunturales o parches de emergencia, sino que exige una planificación estratégica a mediano y largo plazo.
Durante el bimestre, las mesas de trabajo y encuentros regionales impulsados por sectores rurales pusieron sobre la mesa la urgencia de estructurar planes productivos departamentales y nacionales que trasciendan los cambios de gobierno. Entre los puntos más reclamados figuran la creación de catastros comunitarios transparentes, el ordenamiento territorial que proteja las picadas y colonias agrícolas frente a la presión de la expansión de monocultivos extensivos, y la articulación de cadenas de valor estables para rubros específicos como la producción láctea artesanal, la forestería comunitaria y los cultivos de granos básicos para el autoconsumo.
Los analistas del sector económico rural señalan que la falta de previsibilidad comercial es uno de los factores que más golpea al pequeño productor, quien con frecuencia se ve obligado a rematar sus cosechas a precios viles debido a la ausencia de infraestructura pública de acopio y a la falta de contratos de provisión estables con el Estado.
Consolidar un modelo de desarrollo agrario sostenible implica, por tanto, transformar la asistencia técnica en una política de Estado permanente, dotar a los municipios rurales de presupuestos reales para el fomento productivo y garantizar que la tierra cumpla una función social y económica al servicio de quienes la trabajan. Solo a través de una planificación integral y concertada con las bases campesinas será posible garantizar el arraigo, la seguridad económica y la soberanía alimentaria del país en el futuro.