Esta situación ha llevado a que el Paraguay se ubique entre los países de mayor desigualdad en la propiedad de la tierra; y que, por consiguiente, este problema se convirtiera en el principal foco de conflictividad social y política.
En las últimas dos décadas se han producido una gran cantidad de informes por parte de diversas instancias nacionales e internacionales que dan cuenta de los diversos problemas existentes en la temática de la tierra.
El Banco Mundial, en el año 2007, había señalado que, además de la distribución “sesgada” de tierras por parte del propio programa de reforma agraria, el otro problema es el tributario.
Explicaba que, ya que el impuesto inmobiliario recauda poco como porcentaje del PIB –la mitad que el resto América Latina y menos del 25% que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, impide un mejor funcionamiento del mercado y la subutilización productiva.
Al pagar poco impuesto, es fácilmente deducible que tampoco tiene costo su acaparamiento, por lo que se reduce el incentivo de vender, aumentando sus precios e impidiendo que quien adquiere tierras para producir no pueda por su alto costo relativo, obstaculizando la eficiencia económica.
Más recientemente esta misma institución recomendó el fortalecimiento institucional para hacer cumplir las normas relativas al uso de la tierra, dados los altos niveles de tala y deforestación que enfrenta el país.
La OCDE, por su lado, ha señalado la alta concentración de la tierra y la existencia de relaciones de poder que permean el Estado. Estas relaciones de poder van en detrimento de la igualdad de trato y de una ineficaz observancia de la ley.
Innumerables informes de organizaciones campesinas y sociales e inclusive de organismos del Estado vienen denunciando históricamente la corrupción imperante en el acceso a la tierra, y en la política de tierras, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Judicial.
El intento de cambio del Estatuto Agrario es un claro ejemplo del poder que ejercen determinados sectores también en el Poder Legislativo, para intentar blanquear el acceso irregular a tierras públicas.
Desde diversos ámbitos ya se han manifestado en contra de la aprobación de los cambios en el Estatuto Agrario, incluyendo a un representante del principal gremio ganadero, quien señaló que no acompañan ningún cambio que legalice tierras malhabidas.
El malestar ciudadano por los altos niveles de corrupción está creciendo. Las autoridades de los tres poderes del Estado tienen que entender que ya no pueden continuar avalando o contribuyendo en actos de este tipo o su impunidad. Y probablemente ya no hay vuelta atrás, por lo que es tiempo de cambios sustanciales en políticos, autoridades y funcionarios públicos.
Fuente:https://www.ultimahora.com/acabar-la-corrupcion-la-distribucion-tierras-publicas-n2943485.html?fbclid=IwAR32T3FDeEmK5ynUhjZNALvrT-bkke_QXBqVFLaom_rTAFKytA9PsCI8xvE
