En las últimas semanas, la ciudadanía mantuvo un activo debate en las redes sobre el llamado Acuerdo Escazú, suscrito por el Gobierno paraguayo en 2018 y que está pendiente de ratificación por el Parlamento. El problema surgió a partir de la negativa de algunos gremios económicos que rechazan la ratificación argumentando pérdida de soberanía, lo que fue refutado por expertos económicos y ambientales. La actual gestión gubernamental y el Parlamento tienen la obligación moral y jurídica de defender los intereses nacionales y de la ciudadanía paraguaya, que en este caso particular se constituyen en derechos ambientales y en un mecanismo para la democracia ambiental, superando las presiones que representan los intereses particulares.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

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