En los últimos días, se ha observado un incremento desmedido en los precios de algunos alimentos esenciales que integran la canasta familiar. Este fenómeno es particularmente evidente en el caso del tomate, un producto proveniente de las fincas campesinas, cuyos precios han experimentado un aumento exponencial para el consumidor final. Este suceso pone de manifiesto un problema crónico en la cadena agroalimentaria actual: una excesiva dependencia de grandes acopiadores y de la producción extranjera.

Sarah Zevaco, economista y miembro de BASE-IS, ha dedicado sus recientes investigaciones al análisis del sistema agroalimentario predominante en Paraguay. Su libro «Agroindustria o agricultura campesina: ¿de dónde viene lo que comemos?» ofrece una perspectiva detallada sobre la procedencia de los alimentos que llegan a las mesas de las familias paraguayas.

Según Zevaco, el actual aumento en el precio del tomate se atribuye a dos fenómenos que se desarrollan simultáneamente. En primer lugar, la crisis climática ha impactado los costos de producción, obligando a los agricultores a incrementar los precios en la finca. La falta de políticas de protección o mitigación, como un seguro agrícola, agrava la situación para los pequeños productores campesinos. En segundo lugar, se observa un aumento desmesurado en los márgenes de ganancia por parte de los grandes acopiadores del país, quienes, sin explicaciones razonables, elevan significativamente sus márgenes, afectando el precio final para el consumidor. Esta alza artificial se percibe como un mecanismo de presión al gobierno para abrir la importación de hortalizas extranjeras, lo que podría llevar a una disminución del precio en la finca y afectar a los productores locales.

En términos generales, los bajos precios de compra de los productos agrícolas, durante épocas específicas como la cosecha de tomate, no resultan de un equilibrio natural entre la oferta y la demanda, sino de decisiones de los grandes acopiadores de recurrir a la importación, ya sea legal o ilegal, con el fin de fijar precios bajos, según destaca el material «¿De dónde proviene lo que comemos?».

A pesar de la decisión del gobierno de restringir la importación para favorecer la producción nacional y garantizar precios justos a los agricultores, las medidas tomadas hasta el momento solo apuntan mínimamente a reducir los precios para el consumidor. Hasta ahora, tanto el gobierno actual como los anteriores carecen de políticas públicas integrales que promuevan la agricultura campesina mediante el acceso a tierras, asistencia técnica, créditos y canales directos de comercialización para los productos de la agricultura familiar. Estas acciones serían fundamentales para aumentar la producción de alimentos saludables, disminuir la dependencia de la importación y contrarrestar el riesgo que representan las grandes cadenas de acopio para la seguridad y soberanía alimentaria.

Zevaco concluye que el Estado paraguayo tiene la responsabilidad y las capacidades para intervenir en dos niveles: garantizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y proteger e impulsar la producción nacional mediante el control del contrabando y las importaciones. Además, propone habilitar mayores espacios de comercialización para la producción campesina, promoviendo productos nacionales de calidad en el mercado mediante estrategias como el etiquetado campesino, acuerdos con centrales de distribución y compras públicas para la alimentación escolar. Estas intervenciones, implementadas con éxito en otros países de América Latina, podrían contribuir significativamente a fortalecer la agricultura campesina y preservar la naturaleza en Paraguay.