Durante los meses de agosto y septiembre de este año, los debates jurídicos y sociales sobre la vigencia de los derechos económicos y sociales en el país volvieron a colocar en el centro de la agenda pública una exigencia fundamental: el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación como una obligación exigible al Estado, y no como un favor o una respuesta caritativa de emergencia.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos campesinos señalaron en diversos espacios de análisis que, a pesar de estar consagrado en marcos normativos internacionales, el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y culturalmente pertinente sigue vulnerándose de manera sistemática en los sectores más empobrecidos, tanto en los cordones urbanos periféricos como en las comunidades rurales aisladas.
Frente a la escalada de precios de la canasta básica y la inestabilidad climática que golpea las cosechas de autoconsumo, la respuesta estatal suele limitarse a la distribución esporádica de kits de víveres asistenciales. Para los especialistas, este modelo paliativo perpetúa la dependencia y desvirtúa la naturaleza de un derecho humano fundamental que exige garantías estructurales: estabilidad de precios, acceso a la tierra, salarios justos y protección de los sistemas locales de producción de alimentos.
Garantizar el derecho a la alimentación implica que los poderes públicos asuman la responsabilidad legal de diseñar políticas públicas permanentes que blinden a la población frente a las crisis alimentarias. Esto supone presupuestos adecuados para la producción nacional, control efectivo de la especulación en el mercado de alimentos y la creación de mecanismos judiciales expeditos para que las comunidades puedan reclamar cuando el Estado incumple su deber de asegurar el pan cotidiano.