El cierre del ciclo de análisis y debates sectoriales registrados durante los meses de agosto y septiembre de este año dejó una hoja de ruta clara para las organizaciones sociales, académicas y campesinas del país: la urgencia de consolidar una Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria que articule de manera integral todas las dimensiones del derecho a la alimentación.
A lo largo de las discusiones del bimestre, quedó plenamente demostrado que las iniciativas fragmentadas —como la distribución aislada de víveres, los programas asistenciales temporales o los subsidios desarticulados— han fracasado en su intento por erradicar la vulnerabilidad nutricional de forma definitiva. La persistencia del hambre y la malnutrición en un país con alto potencial productivo de alimentos responde a una falla estructural de gobernanza que solo puede corregirse mediante un nuevo pacto social y legislativo.
Una legislación integral en la materia debe consagrar obligatoriamente el derecho exigible a una alimentación adecuada en la normativa nacional, estableciendo mecanismos institucionales vinculantes para que el Estado garantice presupuestos plurianuales destinados al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, la protección de los recursos naturales, el control estricto de la especulación comercial y el acceso universal a alimentos sanos, frescos y culturalmente pertinentes.
Asimismo, esta ley exige la creación de un sistema nacional de monitoreo y alerta temprana contra el hambre, integrado por representantes del Estado, la academia y las organizaciones rurales y urbanas, capaz de actuar con celeridad ante crisis climáticas o inflacionarias. Transformar el derecho a la alimentación en una política pública estructural e innegociable es el único camino ético y político para garantizar que el desarrollo del país comience, indefectiblemente, por asegurar el pan y la dignidad en cada mesa.