El debate sobre cómo garantizar el acceso permanente a una alimentación sana y suficiente durante los meses de agosto y septiembre de este año ha llevado a las organizaciones campesinas e indígenas a recalcar una premisa fundamental: la seguridad alimentaria real es imposible de alcanzar si se depende de paquetes tecnológicos externos y semillas patentadas que erosionan la autonomía productiva de las comunidades.
Frente a la vulnerabilidad que generan los insumos comerciales y la fluctuación de los precios internacionales de fertilizantes y semillas transgénicas, las bases rurales vienen impulsando con fuerza la recuperación, multiplicación y resguardo de las semillas nativas y criollas. Estos recursos fitogenéticos, adaptados a lo largo de generaciones a las particularidades del suelo y clima local, han demostrado una mayor resistencia a las sequías y golpes de calor, convirtiéndose en el salvavidas de la producción comunitaria de autoconsumo.
La creación y el fortalecimiento de bancos comunitarios de semillas se consolidan así como una estrategia de soberanía inquebrantable. Proteger la semilla criolla significa garantizar que cada comité de agricultores mantenga el control sobre el ciclo completo de la alimentación: desde la tierra hasta la mesa, sin intermediaciones especulativas ni dependencias corporativas.
Especialistas en desarrollo agrario insisten en que las políticas públicas de seguridad alimentaria deben dejar de lado la visión asistencialista de la mera distribución de alimentos procesados y enfocar sus presupuestos en respaldar la agroecología local, la entrega de títulos de tierra a quienes la trabajan y la protección jurídica de los bancos de semillas nativas. Solo devolviendo la soberanía productiva a las manos de los labriegos será posible construir un sistema alimentario verdaderamente justo, sostenible y blindado ante las crisis globales.